12.500 MILLONES PARA UNAS FUERZAS ARMADAS QUE NO LLEGAN A FIN DE MES
El extraordinario incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa en 2023 no se verá reflejado en las retribuciones de los trabajadores militares, los cuales seguirán ocupando un puesto de honor entre los peor remunerados del Estado. A los salarios de miseria se suman las horas extraordinarias ni pagadas ni compensadas, la alta movilidad geográfica, la disponibilidad permanente y las necesidades del servicio reales o supuestas. Esta siembra de precariedad está cosechando sus frutos en forma de dificultades para el reclutamiento, renuncias al ascenso y huida de talento hacia la empresa privada. La idea de algunas mentes preclaras que dirigen la política de personal de nuestras Fuerzas Armadas es buscar a militares dispuestos a ejercer durante 24 horas, pero pagando solo media jornada.
Seamos serios: los milagros, a Lourdes. El trabajador militar no habita en un etéreo universo de las esencias en el cual la satisfacción del deber cumplido colma todas sus necesidades; más bien vive en un mundo contingente donde alquilar un piso cuesta 800 euros, consumir aceite de oliva se ha convertido en un lujo e ir al trabajo en transporte público se torna cada vez más apetecible visto el precio del combustible. Quizás el problema radica en que quienes diseñan las políticas de personal ignoran que fuera de los despachos del Ministerio hace mucho frío, y que la calefacción -cuyo coste resulta prohibitivo para nuestros exiguos haberes- se nomina en euros, no en aplausos y felicitaciones. En el país de la piruleta tal vez existan médicos, expertos en ciberseguridad o pilotos de Eurofighter dispuestos a cobrar menos que el conductor de un coche patrulla; en el mundo real lo que sucede es que el talento huye de unas Fuerzas Armadas cuyas condiciones laborales no son competitivas.
Realizar horas extraordinarias ilimitadas, gratuitas y sin descanso compensatorio, es una arcaica forma de explotación erradicada y punible en la legislación de los países civilizados. Su regularización, además de éticamente exigible, traería como beneficios la creación de empleo y una mayor tributación por los salarios percibidos, así como una mejora del atractivo de la profesión militar. A su vez una mejora retributiva, paralela a la inversión histórica que se va a realizar en equipos y armamento, es a todas luces perentoria para alcanzar el correcto nivel técnico acorde a la complejidad y responsabilidad que supone operar los nuevos sistemas de Defensa.
Los militares, al igual que el resto de la clase trabajadora, vivimos en una situación de emergencia social donde los sueldos más bajos soportan los costes de la inflación, con la subyacente ya en el 7,5%. Es hora de exigir una justicia salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido, es momento de acuerdos que liguen las revisiones retributivas al aumento de la inflación. Estamos ante una oportunidad única de terminar de profesionalizar de una vez por todas las Fuerzas Armadas.